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Campesinos cocaleros entre guerrillas y represión

01 / 2009

Pedro Arenas García, Alcalde de San José Del Guaviare (Colombia) nos explica la situación de los campesinos cocaleros de su municipio entre guerrillas y represión, su papel como alcalde y su lucha por alternativas lícitas, pacificas, consensuadas y vigiladas socialmente.

 

San José del Guaviare: Zona de colonización campesina.

San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare en Colombia, es un municipio situado a unos 400 km al sur oriente de Bogotá. Se ubica donde terminan las llanuras colombianas y comienza la gran selva amazónica.

San José del Guaviare tiene una población de unas 65.000 personas, tiene mas de 16.000 km2 y el departamento como tal tiene 54.000 km2. En esa porción del territorio nacional se siembra coca desde 1977. Antes se había sembrado marihuana, pero esta última se dejó de cultivar cuando en California (EEUU) empezaron a sembrarla para su propio mercado.

El Guaviare es una zona de colonización campesina, una zona que ha sido receptora de migraciones internas a causa de las violencias en el interior del país desde mediados del siglo pasado y también a causa del despojo de la tierra y del desempleo. El Guaviare recibía esas sucesivas oleadas migratorias al calor de bonanzas extractivistas. Durante los 6 primeros años la coca realmente parecía una mina de oro. Se creía que había una planta que a cambio de producir hojas producía billetes y que bastaba con llegar a un plantío de estos para recolectarlos.

Desde que comenzó la coca como bonanza para procesamiento de pasta base para el mercado internacional también llegó una violencia que fue primero una violencia común donde la gente se agredía, mataba por dinero, por negocios, por mujeres, por una deuda, por un lío de linderos de una finca… Una violencia muy cotidiana que hizo que se perdiera muchísima gente. La gente llega y consigue dinero rápido pero así como lo consigue se lo gasta en los bares, y en zonas de prostitución o adquiriendo muchas veces cosas innecesarias como coches de lujo o armas.

Mientras duró la gran bonanza de la hoja de coca para sacar pasta base, la región fue simplemente tierra de nadie, no había imperio de la ley para nada, ningún tipo de justicia, ni siquiera presencia del Estado colombiano: Este mismo Estado había promovido hacia los años 60 que la gente del interior se fuera a vivir a esas tierras a cambio de la promesa de que recibirían después inversiones en escuelas, centros de salud, carreteras, y que llegaría la energía eléctrica y se les comprarían las cosechas…. La gente que llegó motivada por este mensaje gubernamental se dedicó a sembrar comida pero el gobierno fue incapaz de absorber toda la producción y eso fue lo que abonó el terreno para la aparición de la fiebre de la coca.

Guerrillas y represión a ultranza

Al principio de los 80 empieza en la región la guerrilla de las FARC, una guerrilla que ya cumple más de 44 años de existencia en el país y se ha vuelto parte del paisaje nacional. Esa guerrilla al principio era de corte muy campesino y pretendía implantar justicia entre esas comunidades y en buena parte lo logró porque hacia mediados de los 80 mermó mucho la violencia. Esto obviamente le sirvió para incluir dentro de su estrategia de financiación dinero proveniente de cultivos de la coca o de impuestos cobrados en las pistas de aterrizaje por donde los narcotraficantes extraían el producto. Les sirvió también para ganar población en todas las zonas de colonización de Colombia e incrementar sus estructuras armadas en su ofensiva contra el Estado central e incluso motivar la movilización de miles de campesinos contra las políticas represivas de los sucesivos gobiernos contra la coca. En ese contexto se dieron marchas de protesta a movilizaciones gigantescas, primero contra los planes militares de persecución a los campesinos involucrados en el cultivo de la coca y luego contra las campañas de fumigación aérea que el gobierno colombiano aceptó desde el año 94. Y las mismas fumigaciones fueron aparejadas con operaciones militares en tierra que en no pocas veces sirvieron para grandes abusos contra los derechos humanos, para desalojos de poblaciones enteras, expulsiones o desplazamientos forzados.

Hoy la situación de San José de Guaviare después de 14 ó 15 años de fumigaciones la podríamos resumir en la magnitud de la crisis social y del trauma humanitario. De su población la mitad, son desplazados a causa de los programas de erradicación, pero no son reconocidos como tal. También son miles de desaparecidos, asesinados, y centenares de campesinos involucrados en la lucha encarcelados. En general hay una estigmatización, una criminalización de la actividad campesina y no solo en Colombia sino en otras partes del mundo.

Desde el 1997, los grupos paramilitares de extrema derecha van eliminando a todos los colaboradores o posibles colaboradores de la guerrilla, la mayoría de las veces matando sobre simples sospechas, al margen de la ley y muchas veces con la complicidad del Estado. Esa situación, agrava el trauma humanitario generando terror y escondiendo detrás de ese terror personajes con dinero listos para comprar tierras: en San José del Guaviare, después de cada campaña de fumigación se censa una mayor concentración de la tierra entre algunas manos.

Aparejado con el problema de erradicación forzada, el Estado no ha sido capaz de sentar alternativas, opciones para el desarrollo legal, pacifico, integral y soberano para que los campesinos salgan de esta crisis. Los campesinos pobres que no han tomado por solución ir a la ciudad se han entrado aun más en los bosques, han tumbado esos bosques para volver a sembrar hoja de coca cada vez mas lejos de las bases antidrogas intentando evitar la acción de los aviones. Esto conlleva un problema de destrucción de los bosques amazónicos por un lado, y con las fumigaciones, una aceleración en el proceso de calentamiento global.

 

Una competencia exclusiva del Gobierno Nacional

¡Hay que ver qué programas se han aplicado! En el 2003, el Plan Patriota vino a mezclar definitivamente drogas con guerra interna y involucró ya no sólo a la policía nacional sino también al ejército en la lucha contra el narcotráfico. En el marco de estas intervenciones se han presentado varios casos de corrupción.

A pesar de tantas intervenciones la pasta base y la cocaína siguen saliendo hacia los mercados de EEUU y europeo por toneladas. Lo que falla aquí es que se está tomando la hoja de coca por lo que no es.

Pedro Arenas ha tenido la oportunidad de estar en el liderazgo social, campesino, comunitario, pero también del otro lado de la barrera, como miembro del Parlamento nacional o ahora como alcalde. Así mismo, teniendo los dos puntos vista, ha podido darse cuenta de los errores de las distintas políticas, programas y proyectos que se aplican a los productores de cultivos declarados ilícitos. Según él, la mayoría de estos fallos resultan en el hecho de que esas políticas o esos programas son inconsultos, no toman en cuenta la voz de los destinatarios: en resumen, son anti-democráticos porque no garantizan la participación popular y no están sometidos a ningún control social. Visto así, las autoridades locales no tienen ningún tipo de capacidad para intervenir en estos planes ya que es del resorte única y exclusivamente del poder nacional.

Por lo tanto, nos explica Pedro Arenas, si se despliega una campaña de fumigación o de erradicación en su municipio, para lo único que como alcalde es competente, es para recibir quejas y denuncias de los campesinos siempre cuando esa campaña haya dañado sus cultivos de comida. De ahí, envía esas denuncias hasta la capital del país para que allí la dirección general de estupefacientes decida si procede o no atender esta queja.

Ya lo habremos entendido, como autoridad civil elegida por los campesinos no puede decir nada. Lo cual no quiere decir que se quede callado. Al contrario. Ha estado permanentemente haciendo propuestas sobre cómo se debería abordar el problema, ha estado animando a las comunidades campesinas a involucrarse en actividades agropecuarias lícitas, en proyectos productivos, en formas de desarrollo alternativas. Con sus compañeros, ha incluso facilitado el diálogo directo entre los campesinos y las autoridades antidroga locales. Por desgracia, muchas veces fue sin éxito porque el presupuesto para responder a esas opciones lo tienen el gobierno central o la comunidad internacional. Tuvieron menos éxito aún al llevar a los campesinos hacia las cabezas de las tropas antidrogas para pedirles que no leos fumigaran.

Aun así, la alcaldía y los campesinos siguen levantando sus voces sobre lo que está ocurriendo: no están de acuerdo con la fumigación, no están de acuerdo con la erradicación forzada. Quieren alternativas licitas y pacificas, consensuadas y vigiladas socialmente.

 

¡Yes, He can!

No da a pensar que la política del presidente colombiano pueda cambiar algo a corto plazo. Se siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez. Se fumiga, desde el 94, se erradica de manera forzosa y sigue habiendo más de 98.000 hectáreas de cultivos de coca… ¿Alguien vera por fin pronto que esto no es la solución y que los campesinos merecen más dignidad?

Se espera mucho del cambio lo podría aportar el nuevo presidente de Estados Unidos siempre y cuando sea receptivo a las propuestas que salen de los países andinos. La política en Colombia tiene que cambiar y esto podría empezar por un cambio en el destino de las inversiones estadounidenses en Colombia. Menos para lo militar y más para lo social.

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